miércoles, 9 de abril de 2014
PERIODO DE VICENTE FOX QUESADA 2000-2006
Política Educativa: VICENTE FOX
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“La política educativa surge como un aspecto de la política general que realiza el Estado
en una época y en un lugar determinados. Hablar de política educativa es referirse a la
intervención del Estado en la educación. El campo de la política educativa es muy amplio y
complejo, comprende no sólo la acción educadora sistemática que el Estado lleva a cabo a
través de las instituciones docentes, sino también toda la acción que realice para asegurar,
orientar o modificar la vida cultural de una nación.
La educación se encuentra en relación indisoluble con la vida de la sociedad. Con la vida
del Estado, del poder Público, la educación tiene peculiares relaciones. Pero el Estado,
sobre todo el moderno trata de orientar dirigir la educación, mediante cierta legislación
educativa, tenida siempre de los idearios políticos de la época”. La política educativa es
este conjunto de preceptos obligatorios por obra de los cuales se establece una base
jurídica, para llevar a cabo las tareas de la educación”.
Educación Básica.
“Constituye la base de todo sistema educativo y consiste en la enseñanza de los contenidos
mínimos que se consideran fundamentales para la educación de una persona:
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores indispensables para
desempeñarse en la sociedad a que se pertenece. En cada país la duración es distinta, pero
tiene un mínimo de seis años, que corresponde generalmente a la educación primaria”.3
Una visión más especifica sobre la situación de la educación en nuestro país, es
la siguiente:
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“... En México, la acción educativa es considerada decisiva para el futuro de la nación:
tiene como objeto el fortalecimiento de la soberanía y la presencia de nuestro país en el
mundo, una economía creciente y estable; una organización social fundada en la
democracia, la libertad y la justicia. El sistema educativo establece una relación entre
Estado y sociedad, de los niveles de gobierno entre sí, y supone una participación más
intensa de la sociedad en el campo de la educación.
...
En el derecho mexicano, la C. En el a. 3º. establece que todo individuo tienen derecho a
recibir educación. La educación es una garantía individual de todo individuo. El Estado
(Federal, estados y municipios) tienen la obligación de impartir la educación preescolar,
primaria y secundaria. La educación primaria y secundaria son obligatorias. La educación
que imparte el Estado tiende a alcanzar el desarrollo armónico de las facultades del ser
humano y fomentar en él el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional,
en la independencia y la justicia. Con base en el a. 24 de la norma suprema, que garantiza
la libertad de creencias, la educación que imparte el Estado es laica, ajena a cualquier
doctrina religiosa. El criterio que orienta la educación se fundará en “los resultados del
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los
fanatismos y los prejuicios”. Es democrática, “considerando a la democracia no sólo como
una estructura política y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el
constante mejoramiento económico, social y cultual del pueblo”. Es nacional, se tienta a la
comprensión de los problemas de la nación, aprovechamiento de los recursos, defensa de
la independencia económica, y acrecenta la continuación de la cultura. ...”.
PERÍODO DE ERNESTO ZEDILLO 1994-200
ERNESTO ZEDILLO
El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) continuó con la política modernizadora de su antecesor. En este periodo el proceso de federalización, además de consolidarse en el nivel básico, se extendió hacia los demás niveles, lo que permitió avanzar hacia la coordinación integral de sistemas educativos por parte de los gobiernos estatales. Destacan, durante la Administración, el avance y la consolidación de los procesos de federalización educativa del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).
La ampliación de la cobertura de los servicios educativos con criterios de equidad fue uno de los rasgos más destacados de la política educativa zedillista. Dentro de las estrategias específicas para lograr una mayor equidad destacan las becas a la asistencia escolar por medio del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), programa que también contribuyó a la construcción y el equipamiento de nuevos espacios educativos y a la entrega de libros de texto gratuitos. Otros de los programas compensatorios que se implementaron en las áreas rurales para asegurar los servicios educativos en las localidades marginadas fueron los siguientes: Programa de Apoyo a Escuelas en Desventaja (PAED), Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE), Programa para Abatir el Rezago en Educación Básica (PAREB), Programa de Educación Inicial (PRODEI), Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIARE), y Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB).
De la misma forma, en este periodo se implementaron algunos programas dirigidos a impulsar la actividad docente, por ejemplo el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP), que fue creado en 1995, y el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales, creado en 1997, a fin de impulsar la modernización de la formación inicial de los profesores de educación básica. Otro de los programas de apoyo al docente que tuvo un notable impulso fue el Programa Nacional de Carrera Magisterial, que estableció un sistema de estímulos económicos independiente de los que se otorgan por antigüedad o por cambio de función administrativa de promoción horizontal, en el que los docentes participaban en forma individual y voluntaria. El propósito del programa era fomentar la profesionalización y actualización de los maestros, así como el aprovechamiento escolar de sus alumnos.
Conjuntamente, se promovieron importantes avances en la tarea de elevar la calidad de la educación básica, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la formulación del Programa de Instalación y Fortalecimiento de las Áreas Estatales de Evaluación en 1996. Con ambas iniciativas se impulsó la formación de profesionales técnicos locales expertos en evaluación, y se obtuvo información periódica sobre los niveles de avance educativo y sus factores asociados. Destacan la primera aplicación de las pruebas de estándares nacionales de comprensión lectora y matemática en secundaria, y el seguimiento del estudio Evaluación de la Educación Primaria, cuya información ha sido utilizada para construir una serie histórica de los niveles de avance en este nivel educativo.
Durante el periodo zedillista también se diseñó e implemento el programa “La Gestión en la Escuela Primaria”, que inició con carácter experimental en 1997 en 183 planteles escolares de cinco entidades federativas. El objetivo del proyecto era generar estrategias y materiales que permitieran avanzar hacia la transformación de cada escuela en una organización articulada internamente, en la cual directivos, supervisores, maestros, estudiantes y padres de familia trabajaran en favor del mejoramiento de la calidad de la educación en cada plantel. Por último y con el propósito de impulsar el intercambio de información y el uso de nuevos canales de comunicación, tales como el internet, se puso en marcha en 1997 el proyecto de la “Red Escolar” en 144 escuelas primarias, secundarias y normales. Los recursos empleados para el funcionamiento del proyecto fueron la “Red Edusat”, software educativo y 150 videos digitalizados.
Como se ha analizado en este apartado, a lo largo de la historia del sistema educativo mexicano se han presentado notables cambios en las doctrinas ideológicas que le han dado forma. Asimismo, la revisión histórica nos permite observar una evolución del sistema educativo que ha ampliado su cobertura; pese a las condiciones adversas que muchas veces tuvo que enfrentar, éste ha tenido una gran capacidad incorporadora. La cobertura del sistema educativo en México tiende al crecimiento permanente y a la diversificación de los servicios que ofrece.
Por otra parte, en el periodo examinado pudimos constatar que la legislación mexicana ha tenido un carácter progresista, ya que ha proclamado el derecho a la educación para todo ciudadano y la ha considerado un factor de igualación y desarrollo social. Cada vez más mexicanos han gozado de una educación obligatoria que se ha ampliado en su tramo. Más aún, pese a los efectos del desarrollo social sobre la distribución de los conocimientos, el sistema educativo mexicano no ha tenido la capacidad de neutralizar los efectos de la pobreza sobre la adquisición del aprendizaje.
Así lo demuestra la preocupación de las autoridades educativas mexicanas por ofrecer educación básica a las poblaciones excluidas, en especial en las zonas rurales. Esta iniciativa ha sido una constante durante todo el período analizado pero se acentúa en el último tercio del siglo XX, cuando se instalaron en la agenda de la política educativa los temas de la desigualdad en la distribución de los recursos educativos. La voluntad de universalizar la educación básica se expresó en la creación y desarrollo de instituciones específicas como el CONAFE o programas como PROGRESA, que han constituido un esfuerzo significativo para alcanzar a los sectores de la población más pobres y excluidos.
No obstante, para garantizar los servicios educativos al conjunto de la sociedad no basta con mejorar la cantidad y calidad de los servicios escolares (infraestructura física, capacitación docente, métodos y contenidos, etc.) sino que es preciso actuar en forma articulada diseñando programas basados en diagnósticos que cuantifiquen pertinentemente los rezagos educativos y permitan establecer metas, orientar recursos y definir estrategias de intervención específicas. El establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa es un avance en este sentido, sin embargo, su reciente creación aún no permite obtener los insumos para evaluar si se requiere una redefinición de objetivos y metas, en la medida en que no existe información relevante para calcular los logros alcanzados y las necesidades insatisfechas.
PERÍODO DE CARLOS SALINAS DE GORTARI 1988-1994
En los siguientes años de la administración de Carlos Salinas de Gortari se emprenderían un conjunto de acciones que tenían como común denominador la reorganización del sistema educativo: la obligatoriedad de la escolaridad secundaria para todos los mexicanos y su correspondiente cambio en el artículo tercero constitucional; la promulgación de laLey General de Educación de 1993; la búsqueda de la calidad y la equidad educativas con la misma o mayor prioridad que la cobertura educativa; el énfasis en el aprendizaje de competencias científicas, tecnológicas y laborales; el fomento de la participación de los empresarios en la gestión escolar y una mayor vinculación con el sector laboral.[16
PERÍODO DE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 1982-1988
De acuerdo con Jaime Castrejón, Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) no presentó un plan aislado de educación, como había sucedido en los dos gobiernos anteriores, sino que la nueva administración que tomó posesión en 1982 elaboró un Plan Nacional de Desarrollo en el que la “revolución educativa” estuvo inscrita como uno de sus principales elementos. No obstante, este autor señala que el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo que enfrentar una fuerte crisis económica que lo orilló a reducir el gasto destinado al sector educativo. La crisis también afectó la demanda de escolaridad en la población de menores ingresos y acrecentó sus niveles de reprobación escolar. En esas condiciones, el sistema educativo mexicano interrumpió las tendencias expansivas que lo habían caracterizado en décadas anteriores.[13]
En 1983 Miguel de la Madrid presenta el “Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte” que destacaba entre sus principales objetivos y políticas estratégicas para mejorar la educación: ofrecer un año de educación preescolar a todos los niños de cinco años de edad, descentralizar la educación y reformar los estudios de educación normal. Asimismo, este programa introdujo el concepto de calidad como un elemento central para consolidar la política educativa. Este nuevo énfasis marcó la diferencia con los gobiernos anteriores que se habían preocupado exclusivamente por incrementar la capacidad física del sistema educativo, dejando de lado la calidad de los servicios educativos.
Uno de los objetivos más importantes del programa se dirigía a descentralizar la educación básica y normal y a desconcentrar la educación superior. La propuesta de descentralización tenía como antecedentes las medidas de desconcentración administrativa desarrolladas en la administración anterior, las cuales habían permitido mayor coordinación entre los gobiernos locales y el gobierno federal. De esta forma se establecieron acuerdos de coordinación entre ambos órdenes de gobierno que implicaron la creación de consejos estatales de educación con representación de las autoridades federales, estatales y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). De la misma forma, la estrategia de descentralización admitió el establecimiento de direcciones generales de servicios coordinados en cada entidad y otros órganos de coordinación. El objetivo de la descentralización fue transferir los servicios educativos (niveles preescolar, primaria, secundaria y normal) del gobierno federal a los gobiernos de los estados.
Para algunos autores, aunque los procesos de descentralización educativa se anunciaron desde el gobierno de Miguel de la Madrid, se formalizaron durante el periodo sexenal de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el año de 1992.[14] A partir de ese momento, los gobiernos estatales se hicieron cargo de la dirección de los centros educativos que el gobierno federal tenía a su cargo. El gobierno federal, por su parte, continuó con el la obligación de vigilar en toda la República el cumplimiento del artículo tercero constitucional, así como de promover y programar la extensión y las modalidades del sistema educativo nacional; formular planes y programas, y concertar con las entidades federativas las acciones necesarias para abatir y superar los rezagos en la materia.
La característica central de la política educativa durante el periodo salinista fue el de la “modernización” del sistema escolar. El Programa para la Modernización Educativa 1989-94 programó de manera prioritaria la conformación de un sistema de mayor calidad, que se adaptara a los cambios económicos que requería el país en el contexto de las transformaciones mundiales marcadas por el libre mercado.[15] Para reformar el sistema educativo se modificaron los artículos tercero y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último relacionado con la personalidad jurídica de las iglesias. Con dichas modificaciones se abrió nuevamente un espacio para la participación de la iglesia en la educación, dejando atrás todos los problemas que tuvieron conservadores y liberales en el siglo XVIII y los inconvenientes que surgieron entre la iglesia y el gobierno con la Constitución de 1917.
PERIODO DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 1976-1982
JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
En la administración de José López Portillo (1976-1982) se llevó a cabo un diagnóstico de la situación escolar en el nivel básico y se diseñó el Plan Nacional de Educación (PNE). El diagnóstico del PNE llamó la atención sobre diversos problemas de la educación preescolar: la atención a la demanda era baja, la distribución de oportunidades era desigual con una alta concentración en el medio urbano y con la atención casi exclusiva de los sectores medios y altos. Además se identificaron bajos índices de eficiencia en los primeros grados de la primaria que, se presumía, estaban asociados con la inasistencia de los niños a la educación preescolar. Por esta razón uno de los objetivos prioritarios del PNE fue la educación preescolar y la puesta en marcha del Programa “Educación para Todos”, cuya meta era atender a todos los niños con rezago educativo.
Como segunda prioridad del PNE se señalaba el objetivo de vincular la educación terminal con las necesidades de la producción para lo cual fue necesario desarrollar programas para la educación técnica superior. En este rubro destacó la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en 1979. La tercera prioridad del PNE se refirió al impulso otorgado por el gobierno para elevar la calidad de la educación, meta que se concretó con una mejor formación para los maestros gracias a la creación en 1978 de la Universidad Pedagógica Nacional.
Otra de las prioridades del PNE era mejorar la eficiencia del servicio educativo lo que suponía avanzar en materia de organización interna de la SEP y la desconcentración de actividades mediante el establecimiento de 31 delegaciones en las entidades federativas. Asimismo, se avanzó en el diseño e instrumentación de un marco general para coordinar y planear la educación superior. En 1976 la SEP creó la Coordinación General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Como complemento a esta acción, en 1978 fue promulgada la Ley Nacional de Coordinación de la Educación Superior y en 1979 se constituyó la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES).
En 1980, una modificación al artículo tercero constitucional incluyó el concepto de autonomía universitaria. En esa adición la autonomía fue concebida como el ejercicio de ciertas facultades que el Estado otorga a entidades públicas no centralizadas. Así, mediante un acto jurídico emanado del Poder Legislativo, se concedió el derecho a las instituciones universitarias para expedir sus propias normas y reglamentos, para realizar sus fines con respeto a la libertad de cátedra e investigación y para determinar sus planes y programas de estudio, entre otras cosas.[12]
Existen otras acciones relevantes durante el periodo sexenal de José López Portillo que transformaron el sistema educativo mexicano. En 1978 el gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados y en 1981 elaboró el Programa Nacional de Alfabetización y creó el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).
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