miércoles, 9 de abril de 2014

PERIODO DE LÁZARO CÁRDENAS 1934-1940


PERIODO DE LÁZARO CÁRDENAS
Allí se revivieron las polémicas generadas en el Congreso de la Unión: el senador Ezequiel Padilla10 pidió adaptar el socialismo a la realidad nacional para dar paso al surgimiento de un "socialismo a la mexicana"; el senador por Michoacán, Ernesto Soto Reyes,11 afirmó que el socialismo marxista se basaba en ideas de aplicación universal y se deformaría el cuerpo original de teorías si se adaptaba a la realidad de un país (Britton, 1976:137). La modificación se aprobó en el Senado el 20 de octubre de 1934 con votación de 36 a favor y 13 en contra. Como resultado de dicha enmienda, el artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció el carácter socialista de la educación en los siguientes términos:
1° La educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamente.
2° La educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual, la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear entre la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.
3° Sólo el Estado —Federación, Estados, Municipios— impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los tres grados señalados, de acuerdo en todo caso con las normas prescritas con la ley.
4° Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse, sin excepción alguna, a las disposiciones legales, y estarán a cargo de personas que en concepto del Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente moralidad e ideología acorde con dicho concepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no intervendrán en forma alguna en las escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas económicamente.
5° La formación de planes, programas y métodos de enseñanza corresponderá en todo caso al Estado.
6° No podrán funcionar los planteles particulares sin haber obtenido previamente la autorización expresa del poder público. En todo caso es inalienable el derecho del Estado para revocar, en cualquier tiempo, las autorizaciones concedidas. Contra la revocación no procederá recurso o juicio alguno.
7° El Estado podrá retirar discrecionalmente en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares.
8° El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a los funcionarios que no cumplan o que no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan (Secretaría de Educación Pública, 1941:21–22; Britton, 1976:138–139).

Toluca: la oposición a la educación socialista en el cardenismo (1934–1940). Recorrido historiográfico sobre enseñanza socialista
Historiografía nacional
Recién concluido el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas del Río, iniciaron las investigaciones sobre el tema de la instrucción socialista.
Las figuras principales y los espectadores narraron los sucesos vividos por ellos; en los escritos históricos de la décadas de los cuarenta a los sesenta del siglo pasado se tomaba partido a favor o en contra de esa educación (Bazant, 1999:183); de esa etapa sobresalen veredictos, juicios y apreciaciones sobre la enseñanza socialista, a pesar de su deseo de cientificidad.12
Para los años setenta del siglo XX las indagaciones se dirigieron a la política educativa, observada ésta desde la posición del Estado nacional; estos estudios marcaron un parteaguas en la producción historiográfica de la temática (Bazant, 1999:186). Involucraban las normas legales, el discurso oficial, los programas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la confrontación Iglesia–Estado, la corporativización del magisterio, la trayectoria de la escuela rural mexicana, los garridistas en Tabasco y el socialismo en el sureste de México.13
Gracias a la historiografía de esa década se comprendieron mejor las experiencias educativas anteriores a la enmienda de 1934 y las disputas entre fuerzas políticas y poderes. Durante los ochenta, la investigación sobre instrucción socialista modificó sus líneas: libros de texto y programas de estudio de 1920 a 1940, lecturas revolucionarias de 1921 a 1940, escuelas Artículo 123, influencia del marxismo en la educación socialista, formas de supervivencia de las escuelas particulares durante el cardenismo, rol de la Unión Nacional de Padres de Familia en contra de la reforma educativa socialista, normas legales y orientaciones pedagógicas nacionales de 1934 a 1940.14
También en esa década asistimos al comienzo de paradigmas en la investigación educativa y al ascenso de otra corriente historiográfica, la llamada historia regional: de la historia nacional circulamos a las de las regiones, de las entidades federativas a los municipios y las comunidades. Con esta nueva tendencia, se evidenció la pluralidad de nuestro país y se estimularon búsquedas sobre aplicación de dicha reforma en la provincia mexicana, especialmente las repercusiones de la enseñanza socialista en la educación primaria rural, urbana y superior.
Productos de esta directriz son los análisis de los procesos políticos suscitados con la puesta en marcha de la instrucción socialista como el antagonismo de la Iglesia, los lazos entre fuerzas locales y federales y los mecanismos para que estas últimas extendieran su poder, así como las participaciones de las estructuras de trabajadores y la organización magisterial.15
En los noventa los historiadores de la educación socialista dirigieron su interés hacia lo social con el auxilio de la antropología y la etnografía de la educación (Quintanilla y Vaughan, 1997:13). Ejemplos de esto son los trabajos de Elsie Rockwell y Ruth Mercado (1986) y de Justa Ezpeleta y Elsie Rockwell (1988) cuyos cuerpos de estudio son la actuación de los sectores campesinos en la red de la revolución mexicana, estudios etnográficos de las escuelas rurales mexicanas y los vínculos entre comunidades y escuelas.
La historia de la enseñanza socialista se replanteó durante la primera década del siglo XXI, lo que redundó en innovaciones; sus objetos de estudio son aspectos poco conocidos de aquella época: problematización teórica de la distancia entre las normas y las prácticas; relectura o recuperación de nuevas fuentes; adopción y adecuación de la metodología de otras disciplinas científicas; continuación de la investigación interdisciplinaria; coeducación en las escuelas normales; formación política de los profesores de escuelas rurales y urbanas; enseñanza del civismo en la escuela primaria rural federal; influencia de los movimientos estudiantiles sobre el desarrollo de la nueva instrucción; los estereotipos culturales de los involucrados en el proceso educativo; relación entre el discurso oficial y la realidad de las primarias rurales y la relación entre la educación y los indígenas, entre otros.16

Historiografía en el Estado de México
Además de las obras citadas anteriormente de Eugenio Martínez y Alicia Civera17sobre instrucción socialista en el Estado de México, encontré otras. Elvia Montes de Oca realiza investigación regional: abarca toda la entidad mexiquense y todos los niveles educativos, especialmente las educaciones elemental y normal; sus fuentes son: periódicos nacionales y locales, documentos elaborados por protagonistas de esa época y los archivo Histórico del Estado de México, de la Escuela Normal para Profesores, el Histórico Municipal de Toluca y el del Poder Legislativo del Estado de México.
Su interés por la educación socialista le ha llevado a seguir la pista a diversos temas: obstáculos para la aplicación de la transformación educativa; ausencia de profesores preparados como tales y capacitados; oposiciones por parte de los padres de familia y de los miembros del clero por la irreligiosidad y la coeducación; el impacto sobre la enseñanza socialista de la intermitencia de los periodos de gobierno de los mandatarios mexiquenses; papel de las autoridades civiles; apoyos didácticos para la reforma educativa; labor social de los maestros en su comunidad; violencia provocada por la transformación pedagógica, valores contenidos y enseñados en las aulas socialistas; ideas cardenistas entorno a la educación y disputa por el poder entre Iglesia y Estado; entre otros.18

Historiografía municipal
La bibliografía consultada para casos locales en el Estado de México se remite a las siguientes obras: Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos (en Civera, 1999) averiguó sobre procesos generados por la instrucción socialista en los distritos de Texcoco y Chalco, principalmente conflictos, resistencias, negociaciones y adhesiones en la relación escuela federal/comunidad.
Otra investigadora local de la reforma educativa es Celia Zarco González; estudia lo acaecido en el distrito de Ixtlahuaca: "[...] contrasta los documentos oficiales con testimonios orales de maestros que trabajaron en esa zona, y a quienes les fue encomendada la aplicación de la reforma educativa de 1934" (Montes de Oca, 1998:20–21).
Patricia Hurtado Tomás (1986) también investigó este lapso; la reforma aplicada en la Escuela Normal Mixta de Toluca fue su objeto de estudio. Para Bruno Sánchez Hisojo (1995), la educación socialista en las escuelas primarias federales del valle de Toluca mereció un trabajo de indagación; revisó las instituciones locales coadyuvantes de la educación primaria federal y los problemas enfrentados por el maestro federal rural en dicho valle.
Sobre el municipio de Metepec existe el trabajo realizado por Longina Serranos Sánchez (2001) para obtener el grado de maestría por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Se interesó por revisar los planes de estudio de las escuelas primarias, sus contenidos y su relación con las actividades desplegadas en esas instituciones educativas por los maestros. Montes de Oca (1998) trata también el municipio de Toluca: aborda a los protagonistas involucrados en la reforma: alumnos, maestros, padres de familia, autoridades civiles, prensa e Iglesia. Nos parece que este trabajo de Montes de Oca, inició el estudio en el municipio de Toluca y contribuyó a generar otras líneas de análisis, entre ellas la oposición generada por el clero y algunos padres de familia en las escuelas primarias rurales federales ubicadas en los pueblos de este municipio y los mecanismos para evidenciar la obstrucción, sin embargo, creemos que su trabajo generó algunas lagunas. El objetivo de esta investigación es tratar de llenar ese hueco dejado por las investigaciones de Montes de Oca.

Escuelas primarias estatales, federales y función de las autoridades civiles
En 1936 existían 44 escuelas primarias en el municipio de Toluca; 38 de ellas dependían del gobierno estatal, y se distribuían: ocho elementales, ocho elementales y superiores,19 cinco nocturnas, una anexa al Tribunal de Menores y 16 rurales (AHEM/ Fondo Educación/ Serie Dirección Escolar/ 1939/ Volumen 418/ Expediente 55). Existían también seis rurales mixtas dependientes de la federación; ubicadas en las localidades de Capultitlán, Santa Ana Tlapaltitlán, Santiago Tlacotepec, San Juan Tilapa, Cacalomacán y Tecaxic (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1936/ Volumen 31/ Legajo Al Foja 5).
De estas escuelas de educación básica del municipio de Toluca las 38 eran unisexuales, lo cual contradecía la norma de la educación socialista en su carácter coeducativo; esto en parte se explicaría por el rechazo de ciertos sectores sociales a la convivencia entre niños y niñas en la misma escuela por razones religiosas y de costumbres y tradiciones (Montes de Oca, 1998:18). En las primarias del municipio toluqueño, el presidente municipal y los comisarios civiles de cada pueblo que conformaba dicho municipio20 —las denominaciones actuales para los comisarios civiles son delegados municipales— al obedecer y aplicar las leyes federales y estatales referentes a la educación, se convirtieron en gran medida en los encargados de la correcta y efectiva aplicación de la educación socialista a través de varias formas:
1) Vigilaban las asistencias de profesores y alumnos: de los primeros con listas de asistencias levantadas por inspectores escolares; de los estudiantes con las relaciones de concurrencia realizadas diariamente por cada uno de los profesores en su aula o aulas.
2) Las autoridades municipales, en coordinación con los directores de las escuelas primarias, exhortaban a los padres de familia a enviar a sus hijos a estudiar en esas instituciones educativas y cumplir de esta manera con la obligatoriedad de la educación primaria establecida en nuestra Carta Magna.
3) También imponían multas económicas a los padres de familia cuando sus hijos no acudieran a la escuela (de conformidad con el artículo 190 de la Ley General de Educación vigente en esa época, se aplicaban multas que iban desde los veinticinco centavos hasta los cinco pesos; la cantidad dependía de los ingresos del padre infractor, o el arresto correspondiente a razón de un día por cada peso de multa).
4) Se convertían en receptores de las quejas de los lugareños cuando se inconformaban por diversas cuestiones, las que involucraban desde el trabajo o actitudes de los mentores, autoridades escolares, hasta cuestiones académicas o materiales de su respectiva institución educativa.
En Toluca, como en diversas entidades federativas del país, se presentaron diferentes tipos de oposición a la aplicación de la educación socialista y sobresalían la inasistencia escolar y la creación de escuelas particulares no autorizadas.

Inasistencia escolar
El ausentismo escolar en el municipio de Toluca, al igual que el nacional, fue promovido por el clero; Pascual Díaz, arzobispo de la ciudad de México, lanzó advertencias en abril de 1934, en las cuales "[...] ordenaba a los padres de familia que debían abstenerse de enviar a sus hijos a las escuelas laicas dado que la Secretaría de Educación Pública estaba impidiendo la educación cristiana de los niños" (Camacho, 1991:116) y conminó a los católicos a impedir, con cualquier medio legal a su alcance, que se estableciera y propagara la enseñanza socialista, con la amenaza de excolmugar a quien cooperara con dicha instrucción (Solana et al., 1982:268, 269).
Muchos habitantes del país, incluidos los de Toluca, obedecieron dichas órdenes, por lo que la ausencia de alumnos fue significativa en varias entidades de la nación, como en Tlaxcala, donde a principios de 1935 y 1936, hubo un marcado descenso en las inscripciones. Otro ejemplo es Puebla, donde en el otoño de 1934:
[..] la iglesia poblana y las organizaciones católicas, apoyadas por vastos sectores de las clases medias, comenzaron a enviar desde la ciudad de Puebla hacia el campo folletería en contra de la "reforma satánica" del artículo Tercero Constitucional. Como consecuencia, en 1935 hubo un descenso notorio en la asistencia de alumnos a las escuelas oficiales (Quintanilla y Vaughan, 1997:174).
Ante esto, profesores e inspectores escolares de todo el territorio nacional enviaban cartas donde suplicaban o exigían ayuda para incrementar el número de sus alumnos a las diferentes autoridades políticas; en Tlaxcala, el subsecretario estatal de educación, Gabriel Lucio, se quejó ante el comité Ejecutivo del PNR de la agitación de los sacerdotes "[...] tendiente a obstruccionar (sic) la acción de las escuelas federales" (Quintanilla y Vaughan, 1997:206).
En los archivos consultados por nosotros existen muchos ejemplos de este tipo de respuesta a la educación socialista a lo largo del periodo 1934–1940 en Toluca; la inasistencia escolar fue la principal forma de respuesta de una parte de la sociedad toluqueña hacia la enseñanza socialista aplicada en el país. En octubre de 1934 el sacerdote de Capultitlán, poblado enclavado al sur del municipio de Toluca, llamó a los padres de familia, en plena misa, a ya no enviar más a sus hijos a la escuela primaria rural federal, ubicada a la entrada de dicha localidad, porque en esa institución se les enseñarían cosas nocivas para la moral y la religión pero, a cambio, debían enviar a sus vástagos a la doctrina impartida en las instalaciones de la iglesia (Montes de Oca, 1998:9).
En otro ejemplo, Leonardo J. Santana, director de la escuela primaria rural federal de Capultitlán, hizo un llamado a los comisarios municipales y representantes del comisariado ejidal de ese poblado para que contribuyeran a que los niños cursaran su educación primaria: éstos debían lograrse cuando estas autoridades convocaran a una reunión a los padres de familia del poblado y ahí, mediante el diálogo, convencerlos de mandar a sus hijos a dicha institución educativa, debido a que los cursos estaban a punto iniciar y todavía los progenitores no inscribían a sus vástagos. El director Santana sospechaba la razón por la cual los jefes de familia no inscribían a sus hijos en la escuela: la mala interpretación de los padres de familia hacia el contenido del recién reformado artículo Tercero Constitucional (AHEM/ Fondo Educación/ Serie Escuelas Federales/ Toluca/ 1935/ Volumen 3/ Expediente 3).
En el ejemplo anterior, el profesor Santana carecía de certeza de por qué los padres de familia se abstenían de realizar la inscripción de sus hijos en la escuela; se infería que podría ser debido al rechazo a la educación socialista, también porque carecían de recursos económicos para enviarlos; porque sus hijos debían trabajar para ayudar en el sustento de la familia; porque era temporada de lluvias y los caminos se volvían intransitables; porque llegaba la celebración del santo patrono del pueblo; porque los hijos debían ayudar a sus padres durante las temporadas de siembra y cosecha; o porque, como escribió Primitivo Álvarez, inspector de escuelas federales y del Estado de la XXXI zona escolar, a Juan Fernández Albarrán, Secretario General de Gobierno del Estado de México, en 1939, la baja asistencia escolar se debía a tres factores:
1. La explotación económica realizada por los padres sobre sus hijos.
2. La obra solapada o abierta de los enemigos de la educación del pueblo (clero, explotadores y falsos líderes pueblerinos) quienes obstruían la obra educativa.
3. A la labor displicente de ciertas autoridades municipales, las cuales por compromisos políticos con la población no exigían a los padres de familia el envío de sus hijos a la escuela, tal como lo disponía el artículo 190 de la Ley General de Educación (cursivas nuestras) (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1939/ Expediente 4/ Legajo 2).
En los documentos consultados en el Archivo Histórico Municipal de Toluca y en el Histórico del Estado de México, encontramos casos donde los padres de familia alegaban que no inscribían ni enviaban a sus hijos a la escuela porque ahí les enseñarían doctrinas socialistas, las cuales eran contrarias a sus creencias religiosas.
Ejemplo de lo anterior es el suceso registrado en San Felipe Tlalmimilolpan, otro pueblo al sur del municipio de Toluca, limítrofe con Capultitlán, en donde a principios de 1935, Eduardo Zarza, director Federal de Educación, visitó la escuela rural federal de esa localidad y encontró únicamente a cuatro alumnos en clase. El 13 de febrero de ese año Zarza organizó una junta con el comisario civil, el comisariado ejidal y diez padres de familia residentes en esa población; al cuestionarles sobre la razón o razones de por qué no enviaban a sus hijos a la escuela, respondieron que no lo hacían porque estaban inconformes con el artículo Tercero Constitucional debido a que, consideraban, atacaba sus conciencias; el comisario civil y el comisariado ejidal contestaron al profesor Zarza que para evitarse problemas con su comunidad, negarían su apoyo a los maestros y a la referida escuela.
Eduardo Zarza reportó estas situaciones, a través de cartas al gobernador mexiquense José Luis Solórzano, al terminar alertó al jefe del ejecutivo estatal sobre la función del clérigo del citado pueblo, porque durante los oficios diarios atacaba continuamente a la instrucción socialista y además presionaba a los jefes de familia para se abstuvieran de mandar a sus hijos a estudiar a esa escuela (AHEM/ Fondo Educación/ Serie Escuelas Particulares/ Toluca/ Volumen 3/ Expediente 3). En ocasiones los padres enviaban a sus hijos a la escuela a pesar de los miedos hacia la enseñanza socialista, sentimientos generados porque habían escuchado malas interpretaciones por parte de vecinos o párrocos.
En marzo de 1936 los comisarios municipales de San Juan Tilapa —otro poblado sureño de municipio de Toluca y también colindante con Capultitlán y con San Felipe Tlalmimilolpan— con la Junta de Educación y padres de familia dirigieron una carta al presidente municipal de Toluca para quejarse por la clausura arbitraria de sus escuelas para niños y para niñas; esa acción dejaría a muchos pequeños sin recibir instrucción primaria; los suscritos alegaban que a pesar de "[...] malas interpretaciones que los enemigos del progreso y del Supremo gobierno dan a ella [la instrucción de la juventud proletaria], no tubimos (sic) empacho en mandar a nuestros hijos a esos establecimientos de educación" (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1936/ Volumen 31/ Expediente 1/ Legajo 2/ Foja 96).
Incluso la oposición a la educación socialista salía a relucir con problemas por completo ajenos a dicha enseñanza: en Capultitlán, en enero de 1938, en un escrito enviado por el director de la escuela rural federal, Eulalio Villuendas Jr., al profesor Martín V. González, director de Educación Federal en el Estado de México, informó sobre el origen del problema por el cual entregó la escuela al representante de los padres de familia. El director Villuendas escribió que, desde que él asumió la dirección de la institución en junio de 1935 y hasta agosto de 1937, los maestros laboraban en armonía, hasta que la profesora Evangelina Pardo Zárate llegó ahí a trabajar y comenzó una labor incesante de división entre profesores, alumnos y vecinos de la localidad.
Villuendas puso a la profesora Pardo a disposición de la Dirección de Educación y la acusó de negligencia y falta de cooperación con la dirección el plantel, pero el trabajo destructivo de la catedrática Evangelina ya estaba realizado al generar un gran distanciamiento entre un grupo de vecinos y la escuela ya que al defenderse, la profesora esgrimió ante la Dirección de Educación que el personal de la escuela llevaba a cabo la implantación de las educaciones sexual y comunista, afirmaciones que se filtraron y llegaron a oídos de la población; éstas fueron usadas por el clérigo de Capultitlán para lanzar, desde el púlpito, anatemas contra los padres de familia que enviaran a sus hijos a la escuela del pueblo, por lo que algunos residentes iniciaron una campaña en contra de las autoridades del plantel la que incluyó el envío de anónimos donde se les amenazaba de muerte si no abandonaban inmediatamente las instalaciones escolares.
Al mismo tiempo otro grupo de lugareños hacía intensa labor entre los moradores del pueblo para convencerlos que su escuela rural federal tenía que pasar a depender del gobierno del Estado de México porque, aseguraban ellos, los profesores estatales no enseñaban el socialismo. Al final, las instalaciones de la escuela sufrieron saqueos y destrozos a manos de inconformes. En su informe, el director Villuendas aclaró que no toda la población de Capultitlán compartía esas ideas fanatizantes y destructivas; ofreció una lista de vecinos que sí apoyaban a las autoridades de la escuela, sobresaliendo Wulfrano Ramírez, a la postre presidente municipal de Toluca.
Según el director Villuendas, el verdadero origen de los problemas era la disputa por el manejo de la fructífera parcela escolar, la cual en 1937 había generado ganancias de mil pesos, cantidad utilizada para comprar mobiliario y útiles escolares; informó que cuando llegó a la dirección del plantel, los libros de contabilidad de la escuela reportaban que dicha parcela arrojaba ganancias totales anuales de cincuenta pesos; en su opinión, ejidatarios influyentes del pueblo, en combinación con la removida profesora Evangelina, querían destituirlo para apropiarse del terreno y las utilidades que producía.
Villuendas, desesperado, incluso pidió ayuda a las autoridades municipales, pero respondieron estar muy ocupadas para atenderlo porque entregarían sus cargos por esos días (AHEM/ Fondo Educación/ Serie Dirección de Educación/ Toluca/ 1938/ Volumen 391/ Expediente 20). El director, por órdenes de Martín V. González, entregó la escuela al representante de los padres de familia y salió del pueblo para salvaguardar su integridad física.
Eulalio Villuendas Jr., fue reinstalado en su puesto de director de la escuela rural federal de Capultitlán en febrero de 1938, y envió un informe al gobernador estatal Wenceslao Labra para notificarle sobre los adelantos y mejoras en la escuela primaria que dirigía; después de enumerarlos hizo del conocimiento del mandatario mexiquense que era vergonzoso que, desde la iglesia de Capultitlán, se continuara con la convulsión del vecindario con el propósito de correr a los profesores de esa escuela.
¿Las razones de esta agitación? Porque los maestros de esa institución educativa se negaban a permitir el uso de textos religiosos; porque enseñaban canciones y composiciones de carácter revolucionario a los niños; porque editaban el periódico Alborada y realizaban el mural Parcela; porque hacían festivales culturales, los cuales incluían bailables y dramatizaciones de índole social y no religioso; porque instituyeron desayunos escolares; porque luchaban para conseguir útiles y ropa para niños indigentes; porque atendían a niños en edad preescolar y les brindaban albergue con camas que en las imaginaciones del sacerdote y de algunos vecinos visualizaban como material didáctico para enseñar la educación sexual (AHEM/ Fondo Educación/ Serie Dirección de Educación/ Toluca/ 1938/ Volumen 391/ Expediente 20).
La inasistencia escolar en el nivel básico fue constante de 1934 a 1940; gran parte de la población, en combinación con el clero católico, utilizó esta inasistencia como muestra de su rechazo a la educación socialista. Esa falta de alumnos en las escuelas fue combatida por las autoridades escolares. El director de la rural federal de Capultitlán antes del problema descrito, hizo una petición en 1936 al presidente municipal toluqueño, Darío López, para que ordenara a los comisarios del lugar colaborar con la escuela para normalizar la asistencia (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1936/ Volumen 31/ Expediente 1/ Legajo 2/ Foja 1). El presidente municipal respondió y giró las órdenes respectivas a los comisarios (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1936/ Volumen 31/ Expediente 1/ Legajo 2/ Foja 2).
También el presidente del Comité de Educación de dicha escuela se quejó con Darío López porque los comisarios civiles de Capultitlán no la apoyaban, ya que no llamaron al pueblo a una reunión donde les pedirían dinero para terminar trabajos de carpintería y, al mismo tiempo, escucharían su opinión para cambiar algunas autoridades escolares (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1936/ Volumen 31/ Expediente 1/ Legajo 2/ Foja 71); el presidente municipal respondió e hizo un extrañamiento por escrito a los comisarios de esa población (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1936/ Volumen 31/ Expediente 1/ Legajo 2/ Foja 2).
En otro documento sobre baja asistencia escolar, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Carlos Pichardo, ordenó en 1936 al presidente municipal de Toluca realizar acciones para aumentar el número de niños en la escuela rural de Tlachaloya, pueblo situado al norte del municipio de Toluca, porque el profesor de esa escuela, Pascual Becerril, se quejó con Pichardo y pidió que se girara una orden al jefe de armas de esa localidad para recoger niños y niñas en edad escolar y dejarlos en la escuela, debido a que los padres de familia y comisarios civiles no hacían caso de la presencia de los menores en las instalaciones educativas (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1936/ Volumen 31/ Expediente 1/ Legajo 5/ Foja. 20).
El presidente municipal toluqueño, Luis F. Rodríguez, exigió en 1936 al C. Cipriano Barrera enviar a sus hijos a la escuela primaria porque de lo contrario aplicaría sanciones económicas contra él, según lo estipulaba el artículo 74 del Bando de Policía en vigor (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1937/ Volumen 31/ Expediente 1/ Legajo 1/ Foja 26); en 1937 el segundo regidor de Toluca, Enrique Iglesias, ante la gran ausencia de estudiantes en la escuela rural de Santiago Tlacotepec, propuso que el Ayuntamiento se dirigiera a los comisarios civiles de esa localidad para que ordenaran a los padres que enviaran a sus hijos a la escuela e, incluso, como medida coercitiva, les impusieran multas económicas (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1937/ Volumen 31/ Expediente 1/ Legajo 2/ Foja 79); el presidente municipal en 1937, Darío López, envió al comisario civil de San Martín Toltepec, localidad situada al norte del municipio, la queja del maestro rural de la escuela del pueblo, de apellido Martínez, por la baja presencia escolar porque a pesar de la apertura de la escuela desde enero, únicamente tenía dos alumnos (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1938/ Volumen 31/ Expediente 1/ Legajo 2/ Foja 118) el presidente municipal ordenó al comisario civil de San Martín Toltepec aplicarse para que los niños asistieran a clases (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1938/ Volumen 31/ Expediente 1/ Legajo 2/ Foja 11).
El problema de la inasistencia escolar persistía en 1938: el 6 de enero de ese año el inspector federal de educación de la zona 15 pidió ayuda al presidente municipal de Toluca, Antonio Mancilla Bauza, para incrementar la asistencia en este municipio; el 8 de enero Mancilla Bauza contestó que ya había girado instrucciones a las autoridades de los pueblos del municipio para que procuraran mayor asistencia a los centros escolares y, en caso de que los escolares no asistieran, se aplicaran multas económicas a los padres o tutores de los alumnos faltistas (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1938/ Volumen 31/ Expediente 3/ Legajo 1/ Foja 2).
Las medidas tomadas por Mancilla Bauza trataron de ser más enérgicas en 1939, porque ordenó a los 16 jefes de cuartel existentes en el municipio de Toluca y a los comisarios de los 25 pueblos que integraban la municipalidad que el 1 de febrero, en el inicio del año escolar, ejercieran pertinaz vigilancia a efecto de que todos los niños quedaran inscritos, porque una vez concluido el plazo marcado para las inscripciones, debían presentar a los pequeños en la escuela y así cumplir con lo dispuesto en el artículo 86 del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1939/ Volumen 31/ Expediente 4/ Legajo 1/ Foja 2).
La situación siguió mal para la escuela socialista durante 1940 en el renglón de las asistencias: en enero de ese año el presidente municipal Gustavo Durán Vilchis recomendó a los comisarios de los pueblos que volvieran a vigilar la asistencia escolar ante el inicio del año escolar (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1939/ Volumen 31/ Expediente 4/ Legajo 1/ Foja 2).

Creación de escuelas particulares
Otra forma de rechazo a la educación socialista por parte de algunos sectores de la sociedad de Toluca fue la creación de escuelas particulares, que funcionaban sin autorización del gobierno federal. Este problema también existió en otras regiones del país: la educación religiosa clandestina brindada en estas escuelas fue un fenómeno difícil de controlar para el Estado nacional porque esa instrucción la realizaban padres de familia en domicilios particulares pues pensaban que así inmunizaban a sus hijos de ideologías ateas.
Un caso ilustrativo fue el informe que hizo el subsecretario de Educación de Tlaxcala, Gabriel Lucio al Secretario de Gobernación federal donde escribió que muchos sacerdotes oficiaban de manera clandestina, sin reglamento ysostenían centros escolares clandestinos (cursivas nuestras) (Quintanilla y Vaughan, 1997:206).
La creación de instituciones educativas particulares provocó problemas a los profesores y autoridades que laboraban en planteles oficiales, ya sea porque esa competencia no dejaba trabajar apropiadamente a las escuelas públicas o porque al violentar el artículo Tercero Constitucional con sus enseñanzas clandestinas y no poder impedirlo las autoridades educativas y civiles, proyectarían la imagen de incapacidad para la aplicación de la legislación respectiva.
En Toluca, Luz Canalizo, directora de la escuela rural para niñas de San Buenaventura, poblado ubicado al poniente de esta ciudad, solicitó en febrero de 1937 al Secretario de Educación Pública la ayuda necesaria para que girara al comisario civil de esa localidad la orden estricta de clausura de escuelas particulares porque operaban sin el permiso del gobierno federal (AHEM/ Fondo Educación/ Serie Escuelas Particulares/ Toluca/ 1937/ Volumen 8/ Expediente 25). El gobernador Eucario López a través del secretario General de Gobierno, Carlos Pichardo, ordenó al comisario civil de esa población clausurar esas escuelas (AHMT/ Ramo Educación Pública/ Volumen 31/ 1937/ Expediente 1/ Legajo 2/ Foja 129) y avisó al presidente municipal de Toluca para que éste tuviera conocimiento quien reafirmó rápidamente la orden de clausura al referido comisario (AHMT/ Ramo Educación Pública/ Volumen 31/ 1937/ Expediente 1/ Legajo 2/ Foja 130).
El gobierno estatal dio prioridad a la clausura de escuelas particulares incumplidas con las disposiciones oficiales: Juan Avilés, inspector de distrito escolar de Toluca, escribió al Secretario General de Gobierno para que éste exigiera a los directores de planteles particulares los mismos textos usados en las escuelas oficiales, porque aunque el artículo 61 de la Ley General de Educación les concedía el uso de libros diferentes a los oficiales con la única condición que éstos fueran laicos, esos directores permitían en sus escuelas el uso de todo tipo de libros religiosos (AHEM/ Fondo Educación/ Serie Dirección de Educación/ Toluca/ 1933/ Volumen 319/ Expediente 26).
Las clausuras de planteles educativos particulares fueron una constante entre 1934 y 1940: en una circular de septiembre de 1936, la Secretaría de Gobernación federal recomendó a los presidentes municipales que si existían escuelas particulares en sus jurisdicciones que no cumplieran con la ley, fueran clausuradas inmediatamente y dieran aviso de ello a la Dirección de Educación Federal. Según la Secretaría de Gobernación, en la décima zona escolar, a la cual pertenecía Toluca, existían tres escuelas particulares que no satisfacían los requisitos oficiales para poder operar: la "Concepción Peñaloza", ubicada en la calle de Pedro Ascencio 19, cuya directora era Eulalia Peñaloza; la "Antonio Alzate", ubicada en la calle de Arteaga s/ n., dirigida por Constanza Medrano; y la "Academia de Ciencias Administrativas", ubicada en Avenida Libertad 45 y encabezada por Esther Cano (AHEM/ Fondo Educación/ Serie Dirección de Educación/ Toluca/ 1936/ Volumen 367/ Expediente 2 de septiembre).
A pesar de la advertencia del gobierno federal sobre la irregular existencia de esos colegios particulares, el gobierno estatal reaccionó lentamente porque fue hasta 1937 cuando el secretario general de Gobierno, Carlos Pichardo, avisó a las profesoras Constanza Medrano (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1937/ Volumen 31/ Expediente 1/ Legajo 5/ Foja 16) y Esther Cano (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1937/ Volumen 31 /Expediente 1/ Legajo 4/ Foja 7) sobre el cierre de sus respectivas escuelas por no estar autorizado su funcionamiento por la Dirección de Educación Federal (AHEM/ Fondo Educación/ Serie Escuelas Particulares/ Toluca/ 1937/ Volumen 8/ Expediente 25).
Del cumplimiento de esas disposiciones sólo tenemos constancia del cierre de la escuela de la profesora Esther Cano, debido a que el presidente municipal de Toluca, Luis F. Rodríguez, avisó al Secretario General de Gobierno de la clausura de dicha institución educativa (AHMT/ Ramo Educación Pública/ 1937/ Expediente 1/ Volumen 31/ Legajo 4/ Foja 6).

Uso de violencia
A diferencia de la casi ausencia de violencia en Toluca, en el resto del país la aplicación de dicha enseñanza fue un elemento propiciador de terror, sobre todo en la región del Bajío, donde surgió la segunda Cristiada o Movimiento Segundero, también conocido como La Segunda.21La Segunda tuvo en Jalisco dos momentos cruciales:
[...] de 1934 a 1936 cuando el movimiento se sustentó como reacción contra la aplicación de la educación socialista [..] La Segunda michoacana fue una reacción contra los intentos cardenistas para establecer la educación socialista, así como una afrenta contra los agraristas comunistas que estaban siendo apoyados por El Tata (sic) Lázaro [...] En Guanajuato el movimiento segundero se dio a partir de 1935, cuando los ataques contra los maestros socialista cobraron vidas [...] Los curas de pueblo tomaron su parte azuzando a los fanáticos católicos que defendieran el alma de sus hijos contra la educación socialista (Serrano, 1992:100–101).
También en la Sierra Norte de Puebla los cristeros, decepcionados por los arreglos de 1929 entre las cúpulas federal y católica, canalizaron su desencanto contra los profesores federales de la instrucción socialista porque los visualizaban como representantes del poder del Estado:
Entre 1934 y 1939 al menos 17 profesores murieron en el campo poblano. Los asesinatos no fueron investigados de manera seria; el ejército informó que los maestros exageraban el peligro. En 1939 aún merodeaba por la Sierra Norte la banda de Odilón Vega (connotado cristero poblano) [...] Vega atacó a los maestros y a los agraristas en nombre de Cristo Rey (Quintanilla y Vaughan, 1997:175–176).
En otro ejemplo de violencia, a principios de 1937 una banda armada tomó Tlaxco, Tlaxcala, causó destrozos, robó la oficina de Hacienda, requisó caballos y explicó a los pobladores que todo lo hizo "[...] para continuar la lucha contra el comunismo y la escuela socialista" (Gilly, 1994:196). David L. Raby hizo un recuento nacional de la violencia ejercida contra los profesores a propósito de la educación socialista en aquellos difíciles años:
En septiembre de 1934 en el municipio de la Huacana, Michoacán, el inspector regional de educación, profesor Carranza, organizó una semana roja para hacer propaganda a las ideas socialistas; cuando terminó [...] unos grupos de fanáticos agredieron y dieron muerte a Flavio Gómez, Rubén Cervantes, Rogelio Arellano y varios maestros cuyos nombres se ignoran [...] en Santa Rita, municipio de Tacámbaro, la maestra María Salud Morales fue asesinada alrededor de las cuatro de la tarde del 16 de junio de 1937 [..] a fines de 1936 o principios de 1937, en Los Herreros, municipio de Coalcomán (también en Michoacán) un grupo de hombres armados balaceó al maestro Eduardo González [...] Los pistoleros ni siquiera lo conocían y le dispararon simplemente como representante de la educación pública a la que se oponían por motivos religiosos [...] en el año transcurrido entre septiembre de 1935 y agosto de 1936, de las 40 escuelas rurales de la región (de Colotlán, Jalisco) 7 fueron incendiadas [...] (y) en muchas otras escuelas el trabajo docente era obstaculizado por los padres, que se rehusaban a mandar a sus hijos a la escuela [...] en marzo de 1936 en Ciudad González, Guanajuato [...] una Misión Cultural iba a visitar al pueblo para realizar cierto trabajo social y para difundir los ideales de la educación socialista, pero cuando el cura del lugar lo supo, hizo arreglos para celebrar una función religiosa que coincidiera con el momento mismo en que se iba a celebrar en la plaza vecina un mitin público organizado por los maestros [...] el resultado fue un zafarrancho en el que murieron varias personas (Raby, 1974:149–150, 154, 155, 160).
En el estado de México la violencia existió: el 1 de septiembre de 1938 el secretario general de Gobierno, Juan Fernández Albarrán, envió una circular a todos los presidentes municipales para que dictaran las respectivas órdenes a sus comisarios civiles con el fin de proteger y ofrecer ayudas moral y material a los profesores, dado que se habían registrado arbitrariedades por parte de inconformes con el programa educativo que desarrollaba el gobierno revolucionario, atropellos que incluso habían puesto en peligro la vida de los maestros (AHEM/ Fondo Educación/ Serie Dirección de Educación/ Toluca/ 1938/ V. 401/ Exp. 1).
En Ozumbilla, municipio de Tecámac, un profesor sufrió varios atentados porque había organizado a los vaqueros de ese pueblo en un sindicato y el cacique buscaba deshacerse de él; en Valle de Bravo, un maestro fue víctima de rebeldes fanáticos, los cuales eran aprovisionados por adinerados católicos del interior de la entidad mexiquense (Quintanilla y Vaughan, 1997:161). A diferencia de lo vivido en el resto del país y del Estado de México, el uso de la violencia como repuesta de una parte de la sociedad toluqueña contra los protagonistas de la enseñanza socialista fue aislado. Además de los problemas ocurridos en la localidad de Capultitlán en 1937, en los archivos consultados sólo hallamos que el 12 y 13 de enero de 1936, la escuela primaria elemental para niños Felipe Sánchez Solís y la elemental para niñas Leona Vicario así como la Escuela Normal para Profesoras —las tres ubicadas en la ciudad de Toluca— sufrieron atentados dinamiteros los cuales únicamente provocaron daños materiales (AHEM/ Fondo Educación/ Serie Dirección de Educación/ Toluca/ 1936/ Volumen 355/ Expediente 14 de enero).

Conclusiones
1) Existió en Toluca oposición a la educación socialista, aunque esta obstrucción no fue homogénea ni participó en ella toda la sociedad. Dicho escollo puede ser delimitado a las áreas suburbana y rural, principalmente y se evidenció en dos vertientes: la inasistencia escolar y la creación de planteles particulares.
2) El uso de la violencia física contra los profesores en el municipio de Toluca, considerados como representantes de la enseñanza socialista, no fue encontrado en los archivos consultados, a diferencia de lo ocurrido en entidades como Jalisco, Aguascalientes y Tlaxcala, entre otras, en esas mismas fechas.
3) Las actitudes de rechazo, obstrucción, manipulación y presión de varios sacerdotes a la instrucción socialista en algunos poblados toluqueños, son fiel reflejo de la actitud del clero católico en el resto de la república mexicana.
4) En el municipio de Toluca no se llegó a la excomunión de profesores o de los padres de familia que enviaran a sus hijos a los planteles federales de educación básica, pero sí existieron anatemas y chantajes sentimentales.
5) La sociedad toluqueña exageró su visión sobre las acciones de la administración de Cárdenas: si por un lado las reformas sociales realizadas por la administración cardenista hacían suponer a la sociedad que el país se orientaba hacia el socialismo, realmente Cárdenas sentó las bases para un desarrollo capitalista que beneficiaría ampliamente a las clases medias y altas en el corto y mediano plazos.
6) En la gran mayoría de las veces, los presidentes municipales toluqueños de esa época jamás consintieron o solaparon los obstáculos a la instrucción socialista de parte de algunos sectores de la sociedad y jamás dudaron en reprimirlas con la ley en la mano.
7) Ciertas autoridades de los pueblos que conformaban el municipio de Toluca, como eran los comisarios civiles, por estar en contacto cercano y diario con la población que representaban, en muchas ocasiones sí apoyaron los actos oposicionistas a la educación socialista o por lo menos no los combatieron de forma vehemente, ya sea por temor o por solidaridad hacia sus vecinos, como en el caso registrado en San Felipe Tlalmimilolpan.
8) Parte de la sociedad toluqueña permaneció activa en el impedimento a la enseñanza socialista; nunca dejaron de manifestar su inconformidad por vías legales e ilegales por lo que ella consideraba ataques a su apreciada libertad.
9) El gobierno estatal apoyó la aplicación de la educación socialista en el papel y en la acción en el municipio de Toluca, principalmente a través de la figura del Secretario General de Gobierno.

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